ESTO PASA EN PERU SIEMPRE
TRIBUNALES
Denuncian ingresos de menores en psiquiatría sin autorización del juez
Fiscalía constata que las privadas los mantienen de forma 'alegal'
El Institut Balear de Salud Mental asegura que es 'peligroso'
Hay menores ingresados en unidades psiquiátricas de los que las instituciones no saben nada. Se trata, según denuncia la Fiscalía, de niños y adolescentes internados en clínicas privadas de forma «alegal», sin autorización judicial y sin un control que garantice tanto su protección ante una posible negligencia de sus tutores como una atención adecuada. En 2014, tras la demanda del Ministerio Público, el Govern aseguró que no tenía competencias para resolver el problema. Sin embargo, desde el Institut Balear de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (Ibsmia) confirman los hechos y señalan que es una situación «peligrosa».
La legislación es clara. La Ley de Enjuiciamiento Civil explica que cualquier internamiento por razones de trastorno psíquico de una persona que no pueda decidirlo por sí misma, «requerirá autorización judicial». Por mucho, subraya, que estén bajo tutela o patria potestad de otros. En el caso de menores, incide, el ingreso requerirá no sólo de un informe previo a los servicios de asistencia, sino que también deberá realizarse en un centro adecuado a su edad. Dos circunstancias que en Baleares se incumplen de manera reiterada.
La Fiscalía denuncia en su memoria de 2015 que se están produciendo ingresos de menores de forma «alegal» sin autorización judicial previa. Situación que el Ministerio Público ha detectado en clínicas privadas desde donde «no se comunica» a los juzgados este tipo de ingresos. Esto supone que estos pacientes estén fuera del control de las instituciones y del propio Ibsmia para saber si realmente era necesario dicho internamiento y en qué circunstancias se ha realizado.
El director del Institut Balear de Salud Mental de Infancia y Adolescencia, Jaume Morey, confirma la existencia de estos casos. «Nos hemos encontrado con pacientes que llegan remitidos por clínicas privadas en las que ya estaban ingresados sin que hubiera constancia de ello», remarca. Situación que considera «peligrosa» por las características de esta estancia.
«En Baleares no existe ninguna unidad de psiquiatría infantil o juvenil que no sea pública, por lo que en todos esos internamientos privados los menores convivieron con adultos que sufrían algún trastorno mental», explica. Una circunstancia sobre la que llama la atención ya que se trata de una población adulta «que puede ser peligrosa» frente a jóvenes «vulnerables» y que, además, incumple lo recogido en la legislación española. Además, tanto instituciones como juzgados desconocen la asistencia que se ofrece en estos centros. «Nos hemos encontrado con casos en los que los padres debían permanecer 24 horas con sus hijos», apunta.
¿Por qué es necesaria la autorización judicial? Porque ni la autorización del médico ni la de los padres es suficiente. «Está pensado para proteger al menor y evitar que acabe internado por un trastorno cualquiera o porque sea un niño, como se suele decir, malo de manejar», señala Morey. Muchos de los casos que acuden a clínicas privadas de forma directa, añade, esconden problemas de desintoxicación de drogas en adolescentes o intentos de suicidio.
No existe un número concreto de menores perdidos en unidades de psiquiatría porque sólo salen a la luz los que acaban derivados al Ibsmia en Son Espases o Son Llàtzer. «De los que se resuelven antes, nunca tenemos noticias», sostiene Morey, que afirma que en lo que va de año han conocido tres casos de internamientos alegales.
En 2014, y ante el problema detectado, la Fiscalía puso los hechos en conocimiento de la Conselleria de Sanidad del Govern. La respuesta del departamento que entonces dirigía Martí Sansaloni fue que no tenía competencias para resolver el problema. Asimismo, se adjuntó un listado con todas las clínicas de las Islas que contaban con unidad psiquiátrica, y a quienes el Ministerio Público remitió la obligatoriedad de dar parte de los ingresos de menores por enfermedad mental.
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